Sigue la confrontación. A pesar de que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y la primera ministra, Violeta Bermúdez, han explicado que los gobiernos regionales y las empresas privadas, por el momento, no pueden comprar ni distribuir vacunas contra el COVID-19 porque se generarían desigualdades e injusticias durante el proceso de inmunización, en el Congreso ya se han presentado 13 proyectos de ley que pretenden dar luz verde a estos intereses ya conocidos.

Bajo el argumento de la incapacidad del gobierno en la adquisición de las dosis, el poco efecto de las medidas para reducir los casos y decesos por COVID-19, y la posibilidad de que existan más opciones de compra y acceso al tratamiento, las bancadas de Acción Popular (AP), Podemos Perú (PP), Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP), Frente Amplio (FA) y Nueva Constitución (NC) buscan cambiar las reglas del proceso de vacunación, el cual prioriza a las poblaciones vulnerables y tiene como único negociador al Poder Ejecutivo, por el difícil contexto.

De los 13 proyectos de ley propuestos entre diciembre 2020 y febrero 2021, 6 buscan favorecer a los gobiernos regionales, 4 a la empresa privada y 3 a ambos.

Por ejemplo, Acción Popular tiene 5 iniciativas. La congresista Rosario Paredes plantea autorizar no solo a los gobiernos regionales y locales la importación y distribución de la vacuna sino también al sector privado, al cual se les exige que por cada tres dosis que comercialicen, destinen una al Estado. Su colega Wilmer Bajonero propone lo mismo, solo que condiciona a las empresas que vendan el 10% de las dosis compradas a precio de costo a los gobiernos regionales.

Similar objetivo busca la iniciativa de Mónica Saavedra, aunque solo establece la autorización para el sector privado. En tanto, Paul García plantea aplicar un mecanismo de vacunas por impuestos y otro para dar luz verde a las regiones (GORES).