El Pleno del Congreso aprobó ayer con 103 votos a favor, 14 en contra y una abstención la eliminación de la inmunidad parlamentaria por delitos comunes.

Se trató de la segunda votación de una reforma constitucional que había sido aprobada el año pasado. Solo faltaba ser ratificada en esta legislatura. Con esta norma, los congresistas serán procesados por la Corte Suprema cuando se trate de ilícitos extrafuncionales durante su mandato. Cuando sean delitos cometidos antes de ser legisladores, el caso estaría en manos de un juez penal.

El dictamen fue sustentado por el presidente de la Comisión de Constitución y congresista de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez. “Inglaterra, Holanda, Colombia y Chile han optado por eliminar la inmunidad”, comparó.

La autógrafa de tal reforma fue firmada horas después por la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. Solo falta la promulgación.

“Cualquier congresista podrá ser procesado o arrestado sin necesidad de la autorización del Congreso por delitos extrafuncionales”, dijo el constitucionalista Omar Cairo.

Se quedan sin protección

Hubo ausencias y rechazos en el Hemiciclo. En la sesión, el relator del Congreso llamó en dos oportunidades al legislador de Podemos Perú Daniel Urresti a votar la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Pero Urresti no respondió.

En su despacho alegaron que se encuentra con licencia por actividades de campaña. Cabe recordar que la eliminación de la inmunidad fue una de las promesas de Urresti antes de ser congresista.

El parlamentario afronta un juicio por la muerte del periodista Hugo Bustíos. El último domingo, ‘Cuarto Poder’ reveló una presunta compra de testigos en este caso. Cairo precisó que en este proceso el Poder Judicial ya no necesita la autorización del Parlamento para cualquier medida.

Vacadores se opusieron

La reforma de la inmunidad, sin embargo, no contempla desproteger a los parlamentarios por los delitos de función. Para ello, existe la figura del antejuicio político, que implica un proceso por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) antes de que la imputación se formalice en el Ministerio Público.

Uno de los congresistas más comprometidos en la SAC es Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), con denuncias por enriquecimiento ilícito, peculado doloso y cohecho. El antejuicio lo blinda. De los 14 parlamentarios que rechazaron eliminar el fuero legislativo, Alarcón fue uno de ellos.